Mundo

Seguridad jurídica a residentes sin papeles

La medida alcanzará a cerca de medio millón de personas extranjeras.

actualidad

Editado por Joaquin Meabe

Fotogrfías de N

Compartir

Regularización para inmigrantes en España

El Gobierno espera iniciar en abril el proceso.

La medida será instrumentada a través de un Real Decreto cuya tramitación será aprobada en el Consejo de Ministros y tiene como objetivo “garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente”, según indicaron fuentes oficiales del Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez.

La iniciativa es resultado de un acuerdo político con el partido Podemos y retoma el mandato de una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas, que había sido aprobada por una amplia mayoría parlamentaria. Podrán acceder a la regularización las personas extranjeras que acrediten residencia en España desde antes del 31 de diciembre de 2025.
1 / 2 Foto: N
La medida será instrumentada a través de un Real Decreto cuya tramitación será aprobada en el Consejo de Ministros y tiene como objetivo “garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente”, según indicaron fuentes oficiales del Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez. La iniciativa es resultado de un acuerdo político con el partido Podemos y retoma el mandato de una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas, que había sido aprobada por una amplia mayoría parlamentaria. Podrán acceder a la regularización las personas extranjeras que acrediten residencia en España desde antes del 31 de diciembre de 2025.
Deberán demostrar al menos cinco meses de permanencia en el país, mediante documentación como empadronamiento, informes médicos o contratos de servicios. Quedarán excluidos quienes cuenten con antecedentes penales.

Además, durante el proceso de solicitud se suspenderán las órdenes de expulsión y los procedimientos de retorno por motivos administrativos o por trabajo sin permiso. El plazo para acceder al beneficio se extenderá hasta el 30 de junio, en una medida que el Gobierno presenta como una respuesta concreta a una situación social consolidada y largamente postergada en el debate político español.
2 / 2 Foto: N
Deberán demostrar al menos cinco meses de permanencia en el país, mediante documentación como empadronamiento, informes médicos o contratos de servicios. Quedarán excluidos quienes cuenten con antecedentes penales. Además, durante el proceso de solicitud se suspenderán las órdenes de expulsión y los procedimientos de retorno por motivos administrativos o por trabajo sin permiso. El plazo para acceder al beneficio se extenderá hasta el 30 de junio, en una medida que el Gobierno presenta como una respuesta concreta a una situación social consolidada y largamente postergada en el debate político español.