Esta decisión, respaldada por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera, responde a la imposibilidad de aprobar un nuevo proyecto sin modificaciones en el Congreso. Según las proyecciones actuales, los gastos ascienden a $96 billones y los ingresos a $89,9 billones, dejando en evidencia un déficit que marcará el inicio del nuevo año fiscal.
