El documento rechazado tiene la intención de prevenir circunstancias como las sufridas a causa del coronavirus, y por el cual a fines de 2021 la OMS había iniciado la redacción y negociación del convenio, con el fin de que “todos los países del mundo estén mejor preparados y sean capaces de responder de forma eficaz y equitativa a futuras pandemias”.
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El vocero presidencial, siguiendo la línea retórica estatal, manifestó en conferencia de prensa, que la “decisión se comunicó en la Asamblea Mundial de la Salud que se realizó en Ginebra, Suiza”, donde las “autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y de la Cancillería argentina” lo dejaron en claro, y luego justificó: “En Argentina las decisiones las toman los argentinos”.
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El mencionado acuerdo propone el fortalecimiento de los sistemas de salud pública, la cooperación internacional y la financiación de infraestructuras esenciales, y destaca la importancia de la investigación y el desarrollo de tecnologías médicas, con una gestión más transparente y equitativa de los recursos globales.
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El Ejecutivo nacional (que estuvo en contra de la cuarentena en la época del covid-19) esgrime que si se acepta afectaría la toma soberana de decisiones, y que -además- no podría asumir la capacidad para cumplir con las obligaciones establecidas sin comprometer sus políticas internas (“gasto social” o “déficit”), discurso que quiere reforzar la no intervención estatal, a pesar del costo de vidas humanas.
