La normativa fue aplicada con el argumento de que sirve para “salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia”, y la firmaron los tres interventores del Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom), que cumplen con el mandato de revisar toda la regulación vigente y los diferentes procesos judiciales en los que está involucrado el organismo.
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El DNU 690/2020 había declarado a los servicios que usan tecnologías de la información y las comunicaciones (llamadas TIC) “públicos, esenciales y estratégicos”, otorgando al Enacom la facultad de regular sus tarifas, pero un nuevo decreto (302/2024) derogó esa disposición y las empresas de telecomunicaciones recuperaron la capacidad de fijar libremente sus precios.
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Las empresas del rubro tecnológico habían protestado cuando congelaron las tarifas por medio de un decreto de necesidad y urgencia, que buscaba dar un alivio temporal. Ocurrió durante el mandato kirchnerista, luego durante la era Macri volvieron a descongelar los precios, y otra vez durante la época de Fernández, y las quejas permanecen, pese a que, según las declaraciones juradas de las compañías, las ganancias estaban entre 2.700 millones de dólares y 2.500 entre un año y otro.
