La medida, oficializada a través del decreto 782/2024, se fundamenta en que el proyecto de ley, aprobado por mayoría en el Congreso, no especifica el impacto fiscal ni las fuentes de financiamiento necesarias, en violación del marco jurídico vigente. Según el Ejecutivo, implementar esta ley supondría un costo fiscal de más de 21 billones de pesos en los próximos dos años, lo que pondría en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.
2/2
Foto: N
Ante la posibilidad de que el Congreso intente insistir con la sanción de la ley, el presidente ha iniciado conversaciones con sus aliados legislativos para evitar que se reúna la mayoría requerida para rechazar el veto. La medida ha generado debate en el ámbito político, especialmente porque algunos legisladores que inicialmente apoyaron la ley ahora respaldan el veto, como es el caso del PRO, liderado por el ex presidente Mauricio Macri.
