La medida, oficializada a través del decreto 782/2024, se fundamenta en que el proyecto de ley, aprobado por mayoría en el Congreso, no especifica el impacto fiscal ni las fuentes de financiamiento necesarias, en violación del marco jurídico vigente. Según el Ejecutivo, implementar esta ley supondría un costo fiscal de más de 21 billones de pesos en los próximos dos años, lo que pondría en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.
