Argumentaron que había irregularidades y falta de resultados.
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La decisión fue oficializada mediante el decreto 1048/24, firmado por Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo, y afecta al Fondce (dedicado al desarrollo de capital emprendedor); los fondos para la Refinanciación Hipotecaria y para la Asistencia a Víctimas de Trata; el Programa de Inversiones Estratégicas (Proine) y el Proicsa, (para mejorar la competitividad del sector azucarero del NOA).
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El informe destaca "deficiencias como falta de controles, demoras en auditorías y la ausencia de resultados concretos". Por ejemplo, "el Fondce no gestionó adecuadamente las inversiones ni rindió cuentas de manera transparente", el "Proicsa lleva inactivo desde 2020", y el "Fondo para Víctimas de Trata no tiene manuales de procedimientos ni sistemas informáticos adecuados".
