Que imponen el uso de sistemas digitales y limitan contrataciones directas.
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Foto: María Daniela Varela
Estas disposiciones, elaboradas por los ministerios de Capital Humano y Desregulación, exigen la implementación de plataformas electrónicas como COMPR.AR, CONTRAT.AR y e-SIDIF, utilizadas en la administración pública nacional. Según autoridades, el objetivo es garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el uso de fondos públicos, unificando los procedimientos en todas las instituciones. Actualmente, solo la mitad de las universidades emplea estas herramientas, y la transición será gradual para asegurar su adopción.
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Además, los nuevos DNU restringen las contrataciones directas entre las universidades y el Estado, salvo casos excepcionales, eliminando lo que describen como "privilegios irrazonables". En 2022 y 2023, más de 2.000 convenios con universidades fueron identificados como objeto de irregularidades. Desde el Ministerio de Capital Humano afirman que estas medidas no afectan la autonomía universitaria, sino que buscan erradicar prácticas que permitían evadir controles financieros. En caso de incumplimiento, las instituciones estarán obligadas a adherir a las normativas por la Ley de Administración Pública.
