Especialistas advierten sobre el impacto en los servicios públicos.
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La normativa establece recursos por $88,01 billones y gastos por $94,57 billones, lo que representa caídas nominales del 2,2% y 1,6%, respectivamente, frente al presupuesto del año anterior. En términos reales, considerando una inflación proyectada del 18,3%, estas cifras implican reducciones significativas del 26,7% en los ingresos y del 26,3% en los egresos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la capacidad de garantizar servicios públicos esenciales.
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Foto: Joaquin Meabe
La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) advirtió que esta situación vulnera el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera, al comprometer la continuidad y eficiencia de los servicios estatales. Además, señalaron que el cálculo presupuestario es inferior al contemplado en el proyecto original para 2025, lo que anticipa ampliaciones presupuestarias a través de leyes o decretos de necesidad y urgencia. Según ASAP, esta dinámica incrementa la discrecionalidad en el manejo de recursos en un contexto de ajustes financieros y alta inflación.
