Regirá mientras no sea rechazado por ambas cámaras.
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El Gobierno entró en el tramo final de la gestión del nuevo arreglo, que se enmarcará en un programa de facilidades extendidas, con un plazo para el pago de intereses de hasta 10 años y un período de gracia de 4 años y 6 meses. Se supo que será destinado a la cancelación de “las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central” y “las operaciones de crédito público” del “programa de facilidades extendidas de 2022 cuyo vencimiento opere dentro de los cuatro años de la suscripción del acuerdo”.
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La medida presidencial fue puesta en duda desde el principio, varios detractores incluso pusieron en duda su necesidad y urgencia. Por esta causa diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron una denuncia penal contra el presidente argentino. El escrito presentado lleva las firmas de los legisladores Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio César Pereyra, Sabrina Selva, Victoria Tolosa Paz y Brenda Vargas Matyi, con el patrocinio de Eduardo Barcesat.
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En la presentación los denunciantes consideran que el decreto viola los artículos 75 (incisos 4, 7 y 22) y 76 de la constitución nacional, que establecen que cualquier endeudamiento con organismos internacionales debe ser aprobado por el Congreso. Además, afirman que el Gobierno estaría usurpando funciones exclusivas del Poder Legislativo y que el DNU constituye un acto de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, conforme a los artículos 248 y 249 del Código Penal.
