La jueza María Servini requirió que los bancos informen sobre las operaciones del mandatario y de su hermana, al igual que los de otros tres investigados en la estafa. Además, los hermanos pegaron el faltazo a la audiencia de mediación con los estafados, sin siquiera enviar abogados, y se expusieron a una demanda civil millonaria por daños y perjuicios que impulsa un grupo de damnificados en el país y en el exterior.