Milei intenta frenar los paros olvidando a la Ley.
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La Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires registró 82 heridos durante la represión de casi todos los miércoles frente al Congreso, y a cuatro personas detenidas, entre ellas un fotoperiodista. Esta vez centenares de agentes (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Aeroportuaria, más los de la Ciudad) activaron el protocolo antipiquetes para arremeter contra la marcha pacífica de los jubilados.
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En Tierra del Fuego -mientras tanto- concretaron la histórica jornada de paro general de 24 horas, en rechazo a la decisión del Gobierno nacional de eliminar los aranceles a productos importados de electrónica, considerada perjudicial para la industria de la región. El conflicto inició hace ocho días, apenas conocida la medida, con una huelga por tiempo indeterminado de la Unión Obrera Metalúrgica de la seccional Río Grande.
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Tras publicar un decreto que intenta desechar el artículo 14 bis de la Constitución argentina, que otorga el derecho a huelga en forma irrestricta, el Gobierno libertario espera que esta vez funcione y no sea declarado inconstitucional (como el anterior, el 70/23). Por su parte, las entidades gremiales se preparan para responder en la calle, respaldados por un cuerpo legal que reafirma la ilegalidad de la medida presidencial.