El ministro del Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, enfatizó que esta acción contravino principios fundamentales del derecho internacional y el derecho a la vida, al no capturar, detener y juzgar a los ciudadanos a bordo, y enumeró tratados multilaterales vulnerados, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982), la de Viena (1988) sobre el tráfico ilícito de estupefacientes, el artículo 51 de la Carta de la ONU y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.