La nueva norma, que ya contaba con media sanción del Senado, representa un cambio sustancial en el equilibrio de poder. A partir de ahora el Presidente estará obligado a conseguir, en un plazo máximo de 90 días, el aval de ambas cámaras para mantener la vigencia de sus decretos. De no lograrlo, el DNU quedará automáticamente derogado. El oficialismo calificó a la ofensiva de “medida desestabilizante”.