Se repite la fórmula de la Ley de Discapacidad por el riesgo de desequilibrio fiscal.
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Ambas normas, aprobadas por amplia mayoría en ambas cámaras tras el veto presidencial, quedaron sujetas a las disposiciones de la Ley de Administración Financiera, que exige especificar el origen de los recursos antes de ejecutar nuevos gastos.
Según lo publicado en los decretos 759 y 760 del Boletín Oficial, la implementación de estas leyes implicaría en 2025 un gasto superior a un billón de pesos en el caso de las universidades nacionales, y cerca de 196 mil millones de pesos para el sistema pediátrico.
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El Ejecutivo sostuvo que esas erogaciones generarían un desequilibrio fiscal que pondría en riesgo la estabilidad económica del país.
Por ese motivo, las medidas quedarán suspendidas hasta que el Congreso incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional. No es la primera vez que la Casa Rosada adopta esta decisión: semanas atrás, también había postergado la Ley de Emergencia en Discapacidad por los mismos motivos presupuestarios.
