El juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, declaró la nulidad del protocolo antipiquetes impulsado por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich. El magistrado sostuvo que la Resolución 943/23 fue dictada por una autoridad incompetente para regular derechos fundamentales como la protesta, la libertad de expresión y de reunión, al tratarse de materias reservadas al Congreso. El fallo hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el CELS y organizaciones sociales, al considerar que el Poder Ejecutivo se arrogó facultades legislativas y avanzó sobre garantías constitucionales mediante un acto administrativo.
2/2
Foto: N
En su resolución, Cormick advirtió que el protocolo introdujo restricciones sustanciales al derecho a la protesta al redefinir, por vía administrativa, conceptos propios del derecho penal y habilitar intervenciones policiales sin orden judicial. También cuestionó la falta de fundamentación suficiente y recordó que los estándares internacionales obligan al Estado a facilitar, y no suprimir, las manifestaciones públicas. Tras conocerse el fallo, el Gobierno nacional anunció que apelará la decisión ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Desde la Casa Rosada defendieron la medida, afirmaron que cuenta con respaldo social y sostuvieron que sin el protocolo “vuelve el desorden”.
