El Gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 931/2025 publicado en el Boletín Oficial, un cambio en el esquema salarial de los funcionarios de mayor jerarquía del Poder Ejecutivo. A partir de enero de 2026, ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades con rango equivalente volverán a percibir aumentos salariales, atados de manera directa al resultado fiscal. La norma extiende a estos cargos los incrementos acordados en las paritarias de la Administración Pública Nacional de 2024 y 2025, sin retroactividad, y excluye expresamente al Presidente y Vicepresidente de la Nación.
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El decreto establece una cláusula central: si la Administración Pública Nacional registra un déficit fiscal financiero acumulado, los salarios de las autoridades superiores quedarán automáticamente congelados, sin necesidad de un nuevo acto administrativo, y no podrán recibir aumentos mientras persista esa situación. Según el Ejecutivo, la medida se enmarca en una política de austeridad iniciada a fines de 2023, que incluyó el congelamiento salarial, la reducción de cargos jerárquicos y de personal estatal, y que —de acuerdo con datos oficiales— permitió acumular 22 meses de superávit fiscal y una baja significativa de la inflación y la pobreza. Además, la norma instruye a avanzar en un nuevo sistema de empleo público basado en mérito, evaluación de desempeño y responsabilidad funcional.
