Un cerrojo nacional que se quita solo con fines políticos.
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Un monto de $1.838.229 millones se repartió en partes casi iguales entre los años 2024 -cuando el Ministerio de Economía ejecutó apenas el 7,3% del total del fondo- y 2025, cuando distribuyó entre las provincias solo el 21,9%. La ley aprobada por el Congreso −que rechazó también al veto de Milei− modifica la distribución de los ATN y unió a los 23 gobernadores y al jefe de gobierno porteño, pero no fue puesta en marcha por la conducción libertaria.
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El fondo de los ATN está contemplado en la ley de coparticipación federal (se constituye con el 1% de sus recursos) para atender “situaciones de emergencia y desequilibrios financieros” de los gobiernos provinciales, e integran las transferencias discrecionales de la Nación, puesto que no hay criterios objetivos para ser repartidos. Tras la aprobación en la Legislatura, los gobernadores plantearon que si la Nación no aceptaba el nuevo esquema es porque estaba usando los recursos que no distribuía para otros fines.
