La medida fue impulsada por la intendenta Araceli Aponte, y tendrá una vigencia inicial de tres meses. La mandataria expuso que la “decisión se tomó tras un diagnóstico crítico del estado en que fue encontrada la administración municipal al asumir la nueva gestión”, y aseguró que se detectó la inexistencia de recursos disponibles, desorden administrativo y ausencia de documentación respaldatoria en pagos, contratos y expedientes.
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Argumentaron que el Municipio podrá “reordenar las prioridades, revisar los compromisos asumidos y avanzar en un proceso de regularización administrativa, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios básicos y recuperar el equilibrio financiero”. Por otro lado, otras localidades, como Paso de la Patria, Mercedes y Gobernador Virasoro, también declararon la emergencia en las últimas semanas, todas ellas tras cambios de signo político ocurridos luego de las últimas elecciones.
