La medida alcanzará a cerca de medio millón de personas extranjeras.
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La medida será instrumentada a través de un Real Decreto cuya tramitación será aprobada en el Consejo de Ministros y tiene como objetivo “garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente”, según indicaron fuentes oficiales del Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez.
La iniciativa es resultado de un acuerdo político con el partido Podemos y retoma el mandato de una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas, que había sido aprobada por una amplia mayoría parlamentaria. Podrán acceder a la regularización las personas extranjeras que acrediten residencia en España desde antes del 31 de diciembre de 2025.
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Deberán demostrar al menos cinco meses de permanencia en el país, mediante documentación como empadronamiento, informes médicos o contratos de servicios. Quedarán excluidos quienes cuenten con antecedentes penales.
Además, durante el proceso de solicitud se suspenderán las órdenes de expulsión y los procedimientos de retorno por motivos administrativos o por trabajo sin permiso. El plazo para acceder al beneficio se extenderá hasta el 30 de junio, en una medida que el Gobierno presenta como una respuesta concreta a una situación social consolidada y largamente postergada en el debate político español.
