Apuntando a reducir el Estado y aumentar el desempleo.
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El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado emitió una resolución donde establece que, para renovar los contratos de aquellos que tienen 65 o más, los organismos deberán presentar de manera obligatoria la constancia de intimación a jubilarse. Sin embargo, una porción de los trabajadores alcanzados no reúne los requisitos legales para acceder al retiro, lo que los dejaría en peligro de perder el empleo y los aportes realizados hasta el momento.
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La medida fue sancionada continuando con las llamadas modificaciones estructurales del sistema previsional, y la disposición fue firmada por el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y no contempla excepciones por razones operativas o de criticidad. Asimismo, se aplica incluso en áreas donde el trabajador es el único técnico con experiencia específica o en dependencias con dotaciones por debajo del mínimo necesario para funcionar.
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A partir de ahora quienes alcancen la edad jubilatoria -65 años los hombres y 60 las mujeres-, y no cuenten con los aportes necesarios, quedarán excluidos de la jubilación que les correspondía, y solo podrán acceder a la PUAM, que actualmente equivale al 80% del haber jubilatorio mínimo y asciende a $279.443, y que, si bien incluye cobertura de salud a través del PAMI, no otorga derecho a pensión por fallecimiento ni los beneficios completos de una jubilación contributiva.
