La reforma fue aprobada en sesiones extraordinarias
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La iniciativa impulsada por La Libertad Avanza obtuvo 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención durante el período de sesiones extraordinarias. En el debate, la ministra y jefa de bloque oficialista Patricia Bullrich defendió el proyecto bajo el argumento de reforzar la responsabilidad penal según la gravedad del delito y priorizar a las víctimas.
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La normativa establece un régimen procesal especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años, basado en la presunción favorable a la minoría de edad. Para delitos con penas de hasta tres años, los jueces podrán aplicar sanciones como amonestaciones, servicios comunitarios, prohibición de salida del país o monitoreo electrónico. El texto también dispone que las penas se cumplan en establecimientos exclusivos, sin contacto con población carcelaria adulta.
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Para la implementación operativa de este sistema, el Poder Ejecutivo incluyó una partida presupuestaria de $23.800 millones. Estos fondos están destinados a financiar la nueva infraestructura judicial y la creación de establecimientos penitenciarios exclusivos para adolescentes. De esta manera, se busca asegurar que los sentenciados cumplan sus penas en centros especializados, evitando cualquier contacto con la población carcelaria mayor de edad.
