Los fundamentos no se oficializaron, pero girarán en torno a la idea de que no tienen un fin necesario para la función pública.
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La acción, realizada por decreto, implicará la eliminación o reforma de aproximadamente 60 organismos públicos, incluyendo el INADI, el Instituto de Juventudes y el de Asuntos Indígenas. Esta medida es parte de un esfuerzo por reducir el tamaño del estado y abordar la percepción de mal uso de fondos públicos.
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La Casa Rosada había anticipado el cierre de algunos de estos organismos en febrero, y ahora se materializará bajo el decreto "51". Aunque la lista completa de entidades afectadas aún no se ha revelado, se espera que abarque áreas descentralizadas de varios ministerios.
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El objetivo principal es reducir el presupuesto, aunque esto podría conllevar costos significativos en indemnizaciones por despidos. La medida pretende simplificar la estructura estatal eliminando organismos considerados innecesarios o mal administrados. Esta iniciativa es coherente con la narrativa de desmantelar las "cajas políticas" que se utilizaban para empleo militante.
