El juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, declaró la nulidad del protocolo antipiquetes impulsado por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich. El magistrado sostuvo que la Resolución 943/23 fue dictada por una autoridad incompetente para regular derechos fundamentales como la protesta, la libertad de expresión y de reunión, al tratarse de materias reservadas al Congreso. El fallo hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el CELS y organizaciones sociales, al considerar que el Poder Ejecutivo se arrogó facultades legislativas y avanzó sobre garantías constitucionales mediante un acto administrativo.