El mecanismo vigente, hasta ahora, fue utilizado por unas 800.000 personas que se jubilaron sin contar con los 30 años de aportes (en blanco) que requieren las normas previsionales, y fue creado debido al alto índice de personas en condiciones irregulares de trabajo, principalmente cobrando en negro, que no llegan a cumplir con los requisitos necesarios.
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El cambio pretendido por el gobierno nacional es que desaparezca la ley actual, la cual permite que las personas regularicen sus períodos de aportes no realizados hasta diciembre de 2008 mediante un plan de pagos extendido en hasta 120 cuotas. Este trámite se gestiona en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y las cuotas se deducen directamente del monto de la jubilación que se recibirá.
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Otra característica destacada del actual sistema es que introduce un plan específico para aquellos que se encuentren a menos de diez años de la edad de jubilación, permitiéndoles empezar a saldar sus deudas previsionales con el fin de llegar a la misma sin pasivos pendientes. Pero el criterio del Gobierno es que esta es una de las causas de la debilidad del sistema.
