Final para las tareas de prevención en sectores vulnerables.
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El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó ayer que el Ministerio de Salud lo dará de baja, y lo justificó con un argumento muy usado por la administración libertaria, y es que se “detectó una serie de irregularidades a través de una auditoría interna”, además de que le costó al Estado unos $1.432 millones en 2023.
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El programa, que tiene en la actualidad 2.398 becas, fue implementado en 2004 por el Ministerio de Salud de la Nación, como una acción de fortalecimiento de los recursos humanos interdisciplinarios en la atención primaria. En 2016 la Nación decidió transferirlo a las provincias, en forma paulatina, en un plazo de cinco años.
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En algunas jurisdicciones, como La Rioja, esos agentes fueron incorporados al plantel de agentes públicos. En Córdoba los transfirieron a los municipios, y en un primer momento el programa supo tener 650 trabajadores en toda esa provincia, que hacían tareas de promoción comunitaria. En 2019, el número había bajado a 442 becarios, y en la capital, de 45 pasó a 16.
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Como era previsible, en vez de subsanar las irregularidades encontradas, la guadaña libertaria sega indiscriminadamente. Ahora los becarios, que cobraban con atraso y montos desactualizados, y que actuaban con el objetivo de la búsqueda activa y el seguimiento de los pacientes, sobre todo de familias vulnerables, deberán engrosar la lista de los desocupados.
