Mediante el decreto 695, rubricado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, se puso en vigencia un primer bloque de artículos destinados a la reorganización administrativa, las privatizaciones y los cambios en el empleo público.
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Uno de los puntos centrales del decreto es la implementación de un nuevo sistema de ingreso al Estado, que incluye una "Evaluación General de conocimientos y competencias" para los aspirantes, diseñada y reglamentada por la Autoridad de Aplicación de manera anónima. Además, se establecen directrices para la desvinculación, despidos y reubicación del personal estatal, buscando optimizar los recursos humanos del sector público.
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En cuanto a las normas de ética en el ejercicio de la función pública, la reglamentación dispone que la Unidad de Recursos Humanos de cada organismo podrá consultar a la Oficina Anticorrupción sobre la idoneidad de los candidatos. Las personas designadas para funciones que lo requieran deberán presentar una declaración jurada patrimonial y sus antecedentes laborales.
