A pesar de la oposición del oficialismo, la iniciativa recibió el apoyo de diversos bloques opositores, excepto el libertario, que votó en contra debido al impacto fiscal que generaría. El proyecto instruye al Poder Ejecutivo a actualizar, de manera bimensual y retroactiva, los gastos salariales y de funcionamiento de las casas de altos estudios, con un ajuste basado en la inflación.