Una imagen distorsionada para el exterior y el interior.
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En la Argentina, mientras busca alianzas en el Congreso, donde ya aplicó su derecho al veto en contra de los jubilados, el presidente argentino despotrica contra los que no lo apoyan y condena a quienes se le oponen (con amenazas de quitar el presupuesto), desmantela instituciones sociales (cierre de oficinas de la Anses) y ofrece argumentos alterados al exterior (bajó la pobreza, terminó la recesión). Además, puertas afuera también sigue la misma línea, como apoyar a EE.UU. e Israel, o votar en contra de los pueblos aborígenes.
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La vicepresidente Victoria Villarruel, siempre en sintonía con la línea de su jefe directo, que desde su llegada al poder ataca al feminismo y a los homosexuales, tomó un caso de abuso sexual ocurrido dentro de la cárcel de mujeres en Bouwer, Córdoba, para invalidar la aplicación de la ley de educación sexual integral, además de la importancia de la perspectiva de género en la lucha por la igualdad, la inclusión y contra las violencias hacia las mujeres.
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Como contrapartida, un estudio del Ministerio Público Tutelar de la CABA revela que, gracias a la mencionada ley de educación sexual, entre el 70 y el 80 por ciento de los jóvenes de entre 12 y 14 años, después de recibir la enseñanza pudieron comprender que fueron abusados. Además, en el país el 53% de los casos sucede en el hogar de la víctima, el 18% en la vivienda del agresor y el 10% en la casa de un familiar. Asimismo, el 47% de quienes reciben ataques tiene entre 6 y 12 años, el 28% hasta 5 y el 25% entre 13 y 17.