El Gobierno argumentó que las leyes votadas ponen en riesgo el superávit.
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Según el Decreto 534/2025, el Ejecutivo rechazó las normas por su alto impacto fiscal, estimado en más de 7 billones de pesos para este año y cerca de 17 billones para 2026, sin financiamiento claro.
En los fundamentos, el Gobierno sostuvo que la aprobación de estos proyectos obligaría a emitir dinero sin respaldo, aumentar impuestos o endeudarse, y denunció que la sesión del 10 de julio en el Senado fue inválida y contraria a la Constitución.
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También insistió en que estas medidas pondrían en riesgo las metas fiscales trazadas.
El veto presidencial abre un nuevo capítulo de tensión institucional. Para revertir la decisión, el Congreso necesita mayorías especiales en ambas Cámaras. La oposición evalúa insistir, mientras el oficialismo busca apoyo de diputados referenciados en gobernadores, en un intento por frenar la avanzada legislativa.
