Argentina, Corrientes, 30 de agosto de 2023 - Opinión

¿Quién le pone el cascabel al gato?

Entre intereses empresariales y el impacto en la población.

Aumentos exorbitantes y la realidad económica.

Por Luis Alarcón
Fotos: Joaquín Meabe, Joaquín Meabe, Joaquín Meabe, Joaquín Meabe

Como cada año, la tarifa del transporte urbano vuelve a ser motivo de discusión en la ciudad de Corrientes. El sector empresario -que lógicamente quiere reservarse una buena tajada de las ganancias- plantea que la nueva tarifa debe elevarse a $360, esto es un incremento del ¡273%! Más prudente, la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Corrientes propone un aumento de “solo” un 111% (se ubicaría en $204). El valor actual del boleto es de $96,50, fijado en diciembre del año anterior. ¿Será que en los últimos ocho meses los usuarios del transporte público incrementaron sus ingresos en un 273 o en un 111 por ciento, como para afrontar con comodidad los nuevos precios propuestos? Difícil creerlo.

En lo que va del año el costo de vida escaló en un porcentaje acumulado del 50,7%, muy por debajo de los ajustes tarifarios sugeridos. Cierto es que, si uno se pusiera del lado de los empresarios que arriesgan capital para mantener la flota transportista, se vería que para todo el año en curso la proyección inflacionaria ronda el 149%.

Es una proyección alta, por cierto; pero aun así queda muy por debajo del 273% de ajuste que pretenden los señores empresarios. ¿Imaginan usuarios del primer mundo para servicios que son del tercero?Estos son sólo algunos de los datos que estarán sobre la mesa de discusión cuando se produzca la audiencia pública en que participe la ciudadanía afectada; o la segunda lectura que deberá realizar el Concejo Deliberante capitalino para determinar finalmente la nueva tarifa de colectivos en la ciudad.Cabe recordar, que el servicio es, además, cuasi monopólico, lo que hace que en una comunidad pobre como la correntina haya florecido una poderosa empresa, que extiende sus tentáculos a otras provincias, e incluso a Buenos Aires.

Ante desbalances sociales de este tipo, cabría preguntarse si este “servicio público” no debería volver a ser, efectivamente, público, es decir, brindado por el Estado. Como ocurre, por ejemplo, en la provincia de La Rioja.No estaría demás analizar esa experiencia y su eventual traslación a la realidad correntina.

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