El proceso fue clave para reconstruir la verdad y la confianza democrática.
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Hace cuatro décadas, el Juicio a las Juntas marcó un parteaguas en la historia argentina: por primera vez, un país latinoamericano juzgaba en tribunales civiles a los máximos responsables de una dictadura militar. El proceso, iniciado en 1985 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, no solo significó un acto de justicia, sino también un gesto fundacional para la democracia recuperada tras el horror del terrorismo de Estado.
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Aquel fallo, seguido en vivo por la televisión y con el país expectante, dejó un mensaje claro: los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni se amnistían. Desde entonces, Argentina ha sostenido un compromiso continuo con la memoria, la verdad y la justicia, extendiendo el alcance de las causas a cómplices civiles y reforzando su ejemplo internacional como modelo de justicia transicional. La lucha de los organismos de derechos humanos, el trabajo forense y los avances científicos como el índice de abuelidad acompañaron este proceso, que aún sigue vigente.
