Historia
Las pruebas que van a juicio
El expediente antes del debate
A dos años de la desaparición en Corrientes, la Justicia Federal inicia el debate oral contra los siete detenidos principales bajo la hipótesis de sustracción y ocultamiento.
El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña (5 años) asistió junto a su padre, José Peña, a un almuerzo por la celebración de San Antonio en la casa de su abuela Catalina, en el Paraje Algarrobal (9 de Julio, Corrientes). En la mesa se encontraban Laudelina Peña (tía del menor), Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, la entonces funcionaria municipal Victoria Caillava y el capitán de navío retirado Carlos Pérez.
Alrededor de las 14:00 horas, tras finalizar la comida, Benítez, Ramírez y Millapi encabezaron una caminata hacia un monte de cítricos ("el naranjal") ubicado a 600 metros de la propiedad, acompañados por un grupo de niños entre los que estaba Loan. Las declaraciones de los adultos y los testimonios posteriores de los menores fijaron las 14:30 horas como el momento exacto en que el niño fue visto por última vez en ese sector. Al finalizar la tarde, tras las primeras alarmas familiares, se inició una búsqueda comunitaria bajo la hipótesis inicial de un extravío rural.
Durante las primeras 72 horas, la investigación provincial se centró en un extravío rural. Se activó el protocolo nacional "Alerta Sofía" y se rastrillaron 10.000 hectáreas con drones térmicos y helicópteros sin hallar rastros del menor. El 19 de junio, se localizó una zapatilla de Loan sobre una heladera en una tapera abandonada; sin embargo, las pericias determinaron luego que el calzado fue plantado para desviar los rastrillajes y retrasar los controles en las rutas.
A fines de junio, la falta de resultados detonó las primeras marchas y concentraciones en 9 de Julio, Goya y la capital. Encabezadas por la familia del menor las movilizaciones apuntaron contra las primeras actuaciones de la policía de Corrientes, convirtiéndose en un canal de presión pública permanente.
El quiebre de la causa ocurrió al peritar los vehículos en los que se retiraron Carlos Pérez y Victoria Caillava del almuerzo (un Ford Ka y una camioneta Ford Ranger). Especialistas en Odorología Forense detectaron con canes rastros del olor de Loan en el habitáculo del auto y en la caja de la camioneta. A una semana del hecho, la justicia detuvo a la pareja y al comisario local Walter Maciel. Ante los indicios de una estructura de captación y traslado, los fiscales provinciales se declararon incompetentes y giraron el expediente al fuero federal.
Con la causa radicada en el Juzgado Federal de Goya bajo la dirección de la jueza Cristina Pozzer Penzo, los detenidos fueron trasladados a penales federales de Chaco y Salta. Sin embargo, el expediente enfrentó maniobras inmediatas de entorpecimiento. La noche del 29 de junio de 2024, Laudelina Peña declaró ante un fiscal provincial que Loan había muerto atropellado accidentalmente por la camioneta de Pérez y Caillava, y que la habían obligado a callar. Esta versión desvió los operativos logísticos hacia las rutas hasta que, semanas después, la propia imputada se desdijo ante el fuero federal, admitiendo que el testimonio era falso y que fue coaccionada para evitar la calificación de secuestro o trata.
En paralelo, la Justicia Federal debió aislar el expediente principal de la intervención de supuestos peritos y asesores de fundaciones privadas que desembarcaron en 9 de Julio para contactar a los menores que fueron testigos en el naranjal. Este tramo derivó en una causa satélite con el procesamiento de diez personas por falso testimonio, estafa y privación ilegítima de la libertad, acusadas de intentar moldear las declaraciones del entorno familiar y de los testigos clave.
Durante este período de desvíos, la tensión social se trasladó a las calles de la capital provincial y se replicó en la Ciudad de Buenos Aires. Las marchas sistemáticas impidieron que la causa perdiera centralidad en la agenda nacional y operaron como un contrapeso frente a las amenazas denunciadas por testigos del entorno familiar.
Tras clausurarse la instrucción penal con la recolección de las sábanas telefónicas que expusieron llamadas cruzadas de coordinación entre las líneas de los detenidos durante la tarde de la desaparición, los fiscales federales solicitaron la elevación de la causa principal a juicio. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, asumió el proceso y fijó el inicio del debate oral y público para el martes 16 de junio de 2026.
